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“La vieja esa” como llamó el Presidente Duque a la Senadora Aida Abella, en un video publicado por la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, casi la asesinan hace 24 años con un rocket disparado contra su vehículo cuando era concejal de Bogotá. Fueron más de 2000 integrantes de la Unión Patriótica asesinados por paramilitares. Nuestro presidente, tan aficionado a la historia, debería recordarlo antes de usar esos calificativos contra una líder que con integridad y valentía ha sufrido el exilio y las consecuencias de defender sus convicciones, apostándole a la paz. Este es un hecho que retrata tal vez de manera simbólica lo que han sido estos dos años de gobierno Duque con tantos detalles, con tantos pormenores, con tantas situaciones que nos han demostrado para que, y por qué fue elegido, para cumplir con algunos mandatos de unos grupos específicos que lo apoyaron en su campaña de 2018.

Recordando años atrás, los inicios de un nuevo gobierno en Colombia siempre llevan consigo expectativa positiva o negativa, tal vez con cierto grado de subjetividad, porque, al fin y al cabo, la política como en la religión o como en el futbol, tendrá diferentes puntos de vista, para analizar, entender u opinar sobre la realidad. Siempre estaremos condicionados a nuestras convicciones políticas, sociales, la realidad es una hermenéutica: la realidad se interpreta de acuerdo con muchas, diferentes y heterogéneas formas de pensar y entender la realidad.

Me remonto a este análisis pensando en que en esta ocasión en los dos años de gobierno que están marcados por un claro descontento, que generalmente aparece pero no tan rápido que en muchos casos se convierte en decepción, porque es verdad que muchos de los votantes por Duque están desconcertados, porque ciertas medidas, ciertas propuestas, los afectan directamente, ¿acaso no es precisamente lo que se veía venir?, de lo que tanto se habló en la larga, extenuante y polarizada campaña electoral de 2018.

La polarización en la que se encuentra el país desde aquel entonces, la intolerancia por las posiciones sectarias a las que hemos llegado eran evidentes durante la campaña y durante los días posteriores a la elección, incluso los primeros días del gobierno Duque. Pero en la medida que el tiempo transcurre y llegamos a los 2 años ya son muchas noticias, propuestas, posiciones que generan un ambiente negativo, pesado como nunca recuerdo se hubiera dado en cualquier gobierno.

Colombia entra en una etapa donde los jóvenes al parecer se quieren hacer sentir más, donde las protestas han sido constantes donde nuevamente los docentes del magisterio reclaman lo incumplido, donde las redes sociales cumplen un papel preponderante en la generación de opinión y oposición a través del análisis directo o el humor, estamos entrando en una etapa que bien aprovechada podría rendir buenos frutos al futuro, tal vez entrando en una conciencia colectiva más allá de las ideologías políticas, una conciencia que difícilmente se ha visto en Colombia, que podría arrojarnos la posibilidad de elegir mejor nuestros gobernantes, que ya evitemos dejarnos manipular por los medios de comunicación, un país efectivamente democrático. Si la elección de Duque estuvo cuestionada por la presencia de Uribe con la sensación de ser un gobierno manipulable, cuestionado desde el principio por la clara incidencia y ese será su destino ineludible hasta el último día de gobierno.

Durante este periodo de gobierno ha sido característica la desigualdad y asesinatos sistemáticos contra líderes sociales y excombatientes. El presidente de Colombia Iván Duque celebra su segundo aniversario como jefe de Estado en medio de tragedias humanitarias que padece el país a causa de esta problemática, líderes sociales y excombatientes acogidos a los Acuerdos de Paz firmados en 2016 en La Habana entre el Estado y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP). De acuerdo con cifras reveladas por el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz), desde la posesión de Iván Duque se han asesinado 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.) en varias regiones del país. Asimismo, el 67 por ciento de los asesinatos se concentran en seis departamentos: Antioquia (76), Cauca (162), Valle del Cauca (42), Nariño (43), Putumayo (39) y Norte de Santander (26).

También se da este periodo en medio de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez mentor del actual mandatario, por fraude procesal y manipulación de testigos.

Durante su discurso, el jefe de Estado colombiano vulnerando la Constitución y la separación de poderes que existe en el país, insta al Parlamento a recurrir en una reforma a la Justicia, tras la orden de aprehensión contra el detenido Uribe Vélez.

«En estos momentos observamos un consenso político, académico e institucional sobre la necesidad de darle al país una reforma real a la Justicia, para que llegue a esa Colombia profunda, que apele a la tecnología y sea más cercana al ciudadano», indicó el jefe de Estado.

Pese a completar dos años en el Palacio de Nariño, Iván Duque insiste en que su agenda de Gobierno aún continúa en ejecución para combatir la desigualdad y pobreza extrema que afecta a un gran sector de la población. «Nuestra agenda de Gobierno está en ejecución. Tenemos la embestida de la pandemia, pero en este 7 de agosto salen a relucir los bríos y el ímpetu de los colombianos, que no renuncian a un país con más legalidad, más emprendimiento y más equidad», aseveró el Alto Mandatario.

Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó que en 2018 la desigualdad es evidente entre las zonas rurales y urbanas, la primera se ubica con un 43.4 y la segunda con un 26 por ciento, respectivamente. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, comunicó que la tasa de desempleo al finalizar 2019 se ubicó en 9.7 por ciento, frente al 9.4 en que se situó en 2017.

Por su parte, organismos multilaterales como Naciones Unidas han instado al presidente Duque acelerar el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz, así como de garantizar la vida de los excombatientes. Recientemente, la Fuerza Alternativa del Común (FARC) emitió un comunicado donde denuncia que no cuentan con las garantías de seguridad, el pasado jueves el partido registró 223 excombatientes y militantes acribillados por grupos paramilitares y miembros del Ejército Nacional.

Otro aspecto a tener en cuenta es que desde que se declaró el estado de emergencia el pasado 17 de marzo, entramos en nuestro país en un régimen hiperpresidencialista. En un periodo un poco mayor de cuatro meses, el ejecutivo ha promulgado más de cien decretos sobre múltiples temas con el fin de mitigar la grave crisis generada por el COVID-19.

Uno de los más controversiales en la opinión pública fue el que recientemente declaró inconstitucional la Corte Constitucional sobre la reducción durante dos meses de los aportes pensionales de 16% a 3% y que obligó a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a trasladar los recursos de sus jubilados por retiro programado a Colpensiones. Así, en su decisión declaró su inexequibilidad porque “este es un crédito que toma el Gobierno, que en última instancia es el que va a responder por el dinero”. De esta manera se salvan los recursos de todos los colombianos.

En cuanto al control político a los citados decretos ley, se destaca la ausencia del Congreso de la República. Sorprende que el legislativo a la fecha no haya ejercido control con el rigor, la seriedad y responsabilidad que exige la crisis y que se haya dedicado a hacerlo por redes sociales y no en una sesión formal. De no ser por la Corte Constitucional, el estado de derecho estaría seriamente amenazado.

Además de lo anterior, muchos congresistas criticaron que se haya declarado inconstitucional el decreto de subsidios en servicios públicos, con el argumento de no tener completas las firmas de todos los ministros. Desconocen estos “legisladores” del partido de gobierno que este es un requisito formal que no puede ser subsanado “mágicamente” y que además la misma secretaría jurídica de presidencia le solicitó al alto tribunal que lo tumbara por esa “pequeñez”. Un gesto honesto, de lealtad procesal pero incomprensible. ¿Cómo entender que la presidencia expida un decreto y se le olvide completar la firma de los ministros?

De acuerdo con lo anterior, no se entiende como estos congresistas de forma mezquina buscan desacreditar el trabajo de la Corte. Buscan acabar la institucionalidad con afirmaciones que como hemos visto en nuestro país, ponen en peligro la integridad de todos los magistrados y sus familias.

Pero a lo que hay que prestar atención en medio de la crisis es a la reforma laboral que quedo pendiente, sigue el peligro de perder las garantías laborales conquistadas desde décadas atrás por los trabajadores colombianos. Debemos tener claro que todas estas propuestas a la larga llevaran a un detrimento de dichas garantías, las decisiones que se llevan a cabo siempre con el pretexto de traer beneficios, generación de empleo y un gran desarrollo para los trabajadores y para el país, pero el efecto ha sido precisamente el contrario, experiencias vividas en carne propia, país donde tenemos muy mala memoria, y terminamos repitiendo la historia que no conocemos, que no aprendemos.

El peligro de la flexibilización laboral propuesta meses atrás radica en que en las condiciones y garantías que el trabajador tiene actualmente gracias a las regulaciones que lo protegen: los contratos de trabajo, la jornada laboral, las prestaciones sociales, garantías que fueron ganadas con sudor, lágrimas y sangre en muchos casos, desde la época misma de la independencia cuando surgieron algunas familias prestantes que tomaron el poder y las riquezas, cuya descendencia es la que nos gobierna actualmente, a la que seguimos dándole poder increíblemente, consciente o inconscientemente?.

Dichas condiciones cambiarían a favor del empleador quien sin limitación alguna tendrá en sus manos la decisión de despedir al trabajador cuando quiera, establecer a criterio propio el sueldo, el horario, las condiciones de trabajo, no existiría ninguna norma legal que lo detenga. El pago por horas pone en peligro el salario mínimo legal, no obliga al empleador a cumplir con las normas laborales vigentes, sencillamente porque las normas cambiarían, los empleadores y empresarios tendrían prerrogativas que utilizarían a su conveniencia y el trabajador quedaría a merced de una contratación flexible sin garantía alguna, condiciones de trabajo impuestas por el empleador sin límite alguno y una clara desventaja para el trabajador y más consecuencias como la incertidumbre en el tema de las pensiones, formalmente no existirían prestaciones, sería la legalización de la informalidad empresarial.

En Colombia las políticas laborales van dictaminadas por lo que las organizaciones de empresarios quieran establecer, por eso en campañas electorales participan ocultamente, aparentemente, por esto no hay ninguna garantía favorable en lo que proponen de que el empleo y la contratación aumentarían, esto no es más que una reforma laboral y pensional antes disfrazada ahora casi de frente, hasta algunos medios de comunicación la están presentando como la panacea y se declaran  sus defensores y la presentan sin darle los suficientes debates y sin tener en cuenta las consideraciones de los mismos trabajadores colombianos, simplemente lo presentan como planes del gobierno, sin mayor profundidad, la opinión pública se confunde o no logramos entender los alcances de todas estas propuestas.

El Gobierno Duque continúa avanzando, llego a la mitad del periodo y mantendrá sus políticas y sus propósitos, las organizaciones sindicales también deben mantener el estado de alerta a las reformas que sin ninguna consideración se irán planteando en medio de la crisis, las circunstancias que llevaron a los movimientos sociales al finalizar 2019 no han cambiado y continuamos firmes respaldando a los trabajadores y sus derechos.

Por: Mauricio Hernández Palacios

Referencias

Revista Dinero.com ¿Cómo le fue a Iván Duque en sus primeros dos años de gobierno, Publicación 8 de agosto de 2020?

El País.com.co, Dos años del gobierno de Iván Duque: 24 momentos claves de su Presidencia, 2 de agosto de 2020.

El Espectador.com, Colombia y el mundo en dos años de Iván Duque, 3 de agosto de 2020.

Constitución Política de Colombia 1991.

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